Caso Forestalia: qué se investiga, qué ha pasado y por qué la contestación social vuelve al primer plano
El llamado caso Forestalia ha irrumpido como una sacudida política, judicial y ambiental en Aragón, aunque en realidad no nace de la nada. Lo que hoy investiga la Guardia Civil y examinan los tribunales llevaba tiempo siendo denunciado por plataformas vecinales, colectivos ecologistas y habitantes del territorio, que venían advirtiendo de que una parte del despliegue de las energías renovables en Aragón se estaba haciendo con demasiada prisa, demasiadas zonas grises y una inquietante facilidad administrativa para sacar adelante proyectos de enorme impacto.
Forestalia, grupo aragonés convertido en uno de los grandes nombres de las renovables en España, había levantado durante años un relato de modernidad verde, inversión y desarrollo rural. Ese relato es el que ahora ha quedado bajo una sospecha de enorme gravedad. La investigación judicial y policial apunta a una presunta trama de corrupción vinculada a la tramitación de proyectos eólicos y fotovoltaicos, con el foco puesto en la posible manipulación de declaraciones de impacto ambiental favorables, una pieza decisiva para que cualquier macroproyecto energético pueda avanzar.
Ahí está el corazón del caso. No se trata solo de saber si determinados parques se aprobaron, sino de entender cómo se aprobaron, con qué informes, bajo qué criterios y en beneficio de quién. Lo que se investiga no es un simple defecto burocrático ni una irregularidad menor, sino la posibilidad de que decisiones ambientales que debían proteger el territorio, la biodiversidad y a las poblaciones afectadas fueran alteradas o condicionadas para favorecer intereses empresariales. Por eso la causa maneja delitos tan graves como la prevaricación ambiental, el cohecho, el blanqueo de capitales y la pertenencia a organización criminal.
La operación saltó definitivamente al primer plano cuando la Guardia Civil llevó a cabo registros y detenciones en una investigación que, según ha trascendido, afecta a decenas de proyectos renovables. Entre los nombres señalados figura Fernando Samper, principal rostro de Forestalia, así como un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica relacionado con la evaluación ambiental. La sospecha es que pudo existir un circuito de favores, contraprestaciones y resoluciones amañadas o influidas de forma indebida para allanar la aprobación de proyectos. Al mismo tiempo, el Ministerio ha anunciado una auditoría interna y la suspensión de los proyectos de Forestalia que se encuentran bajo investigación judicial o ya estaban recurridos.
El escándalo resulta especialmente delicado porque golpea uno de los grandes consensos del presente como es la necesidad de acelerar la transición energética. Y precisamente por eso resulta tan incómodo. Si las sospechas se confirman, no estaríamos ante un debate sobre renovables sí o renovables no, sino ante algo quizá más dañino, que es el uso de la bandera de la transición ecológica para justificar prácticas opacas, concentrar poder y degradar controles públicos que deberían ser intocables. El problema, en ese sentido, no sería la energía renovable en sí, sino un modelo de implantación basado en macroproyectos, opacidad administrativa y subordinación del territorio a intereses empresariales.
Eso es lo que subraya el comunicado difundido por Asamblea Canal Roya, la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, Ecologistas en Acción de Monzón y la Plataforma 13M por la Racionalidad Energética, representada por la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel. El texto está atravesado por dos ideas de fondo. La primera es la indignación, no una indignación abstracta, sino una denuncia frontal de unas prácticas que, a juicio de estos colectivos, han supuesto un desprecio simultáneo por los pueblos, por las personas afectadas y por el medio ambiente. La segunda es la reivindicación de una memoria incómoda, la de quienes llevaban años advirtiendo de estas irregularidades sin que las instituciones quisieran escucharlas.
El comunicado insiste en que muchas de las sospechas que ahora han adquirido verosimilitud judicial ya habían sido expuestas públicamente por estos movimientos sociales. No se presentan, por tanto, como observadores sorprendidos por las noticias de estos días, sino como voces que llevaban tiempo alertando de evaluaciones dudosas, tramitaciones poco transparentes y posibles tratos de favor. En ese sentido, el caso Forestalia no solo interpela a la empresa y a las personas investigadas, sino también a las administraciones que debían controlar el proceso. Por eso el texto señala directamente al Ministerio de Transición Ecológica, al Gobierno de Aragón, al INAGA y a todos los responsables públicos que pudieran haber actuado de manera irregular o hubieran preferido mirar hacia otro lado.
¿Cuántas señales fueron ignoradas, minimizadas o bloqueadas antes de que el asunto estallara judicialmente?
Uno de los pasajes más duros del comunicado se dirige precisamente contra el funcionamiento institucional en Aragón. Los colectivos recuerdan su participación en 2024 en la comisión de las Cortes de Aragón creada para investigar posibles irregularidades en el INAGA. Según denuncian, allí detallaron una por una muchas de las anomalías que hoy reaparecen en la investigación, pero aquella comisión se cerró sin apreciar irregularidades. Ese contraste entre lo que se advirtió entonces y lo que hoy investiga la Guardia Civil es una de las claves políticas del caso porque deja flotando una pregunta difícil de esquivar. ¿Cuántas señales fueron ignoradas, minimizadas o bloqueadas antes de que el asunto estallara judicialmente?
Las exigencias del comunicado van por eso mucho más allá de una protesta simbólica. Reclaman la suspensión cautelar de todos los proyectos de Forestalia en Aragón, la revisión de expedientes más allá del sector renovable, la depuración de responsabilidades en el Ministerio y en el ámbito autonómico, y una transformación profunda del sistema de evaluación ambiental. Entre sus propuestas figura incluso el desmantelamiento del INAGA como instituto independiente y su sustitución por una Dirección General de Evaluación Ambiental gestionada por personal funcionario y sometida a protocolos más claros. Más allá de que estas medidas puedan compartirse o discutirse, lo relevante es que el debate ya no se limita a un puñado de expedientes, sino al diseño mismo de los controles públicos.
Y ahí entra con fuerza la Plataforma 13M, uno de los actores sociales que más visibilidad ha dado a este conflicto en los últimos tiempos. La Plataforma 13M Aragón por la Racionalidad Energética no se presenta como una enmienda a la totalidad de las energías renovables, sino como una red de colectivos que cuestiona la manera en que se está imponiendo una parte de ese despliegue sobre el territorio aragonés. Su discurso insiste en una idea que conviene no simplificar. Renovables sí, pero no así. Es decir, sí a la transición energética, pero no a costa de vaciar de contenido la evaluación ambiental, fragmentar proyectos, saturar zonas rurales, ignorar la biodiversidad o convertir a Aragón en un mero espacio de sacrificio para abastecer consumos lejanos.
En el comunicado que motiva este artículo, esa posición aparece formulada con bastante claridad al final. Los colectivos no solo piden investigar y depurar responsabilidades, también defienden un desarrollo de las energías renovables que sea distribuido, planificado y democrático. Esa formulación importa porque rompe el marco simplista con el que durante demasiado tiempo se ha intentado presentar cualquier crítica a los macroproyectos como una postura reaccionaria o antiecológica. Lo que la Plataforma 13M y los colectivos firmantes sostienen es otra cosa, que no hay transición justa si el territorio solo recibe impactos, si la participación pública se vacía de sentido y si las instituciones encargadas de proteger el interés general terminan siendo sospechosas de haber favorecido a quienes debían vigilar.
El caso Forestalia, por tanto, no es solo un caso empresarial ni solo un caso judicial. Es también un espejo incómodo de cómo se ha gestionado una parte de la transición energética en España. Y Aragón, que durante años ha sido presentado como laboratorio de ese nuevo modelo, aparece ahora como el lugar en el que se condensan sus contradicciones más severas. La justicia tendrá que determinar qué responsabilidades penales existen y hasta dónde alcanza la trama. Pero incluso antes de que lleguen las sentencias hay una evidencia política y social difícil de negar. La confianza pública en el sistema de autorizaciones ambientales ha quedado profundamente dañada.
Lo que ocurra a partir de ahora será decisivo. No solo para Forestalia, para el Ministerio o para el Gobierno de Aragón, sino para algo más amplio, la credibilidad misma de la transición ecológica. Porque si la energía del futuro se construye con los viejos vicios del poder de siempre, el problema ya no será solo quién gana dinero, sino quién pierde el territorio, la democracia y el derecho a decidir sobre el lugar en el que vive.