La costa agoniza

Urbanizar a toda costa, degradación medioambiental y social... Son sólo algunas de las consecuencias de décadas de decisiones muy controvertidas y dañinas para nuestro litoral.

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El Estado español dispone de casi 8.000 km de costas. Nuestro litoral acoge al 60% de la población. Además, nos visitan aproximadamente unos 50 millones de turistas. Esto hace que la densidad de población en verano sea de 900 hab/km2 (12 veces la media estatal) y en algunos puntos alcance los 1.200 hab/km2. Además de los turistas estacionales, aparece un turismo residencial proveniente de países nórdicos: se calcula, por ejemplo, que más de un millón de jubilados alemanes podrían comprar una vivienda en el litoral mediterráneo [1].

Urbanizar a toda costa

La presión urbanizadora afecta a todo el litoral. Con datos de 2016 las provincias españolas con mayor número de viviendas en construcción eran, por este orden, Alicante y Málaga. En el Mediterráneo la urbanización en primera línea de playa ha destruido más del 25% de enclaves vitales (dunas, deltas, humedales…); pero por desgracia el litoral Atlántico se ha ido incorporando a esta dinámica. Destacan los proyectos de urbanizaciones ligadas a campos de golf en zonas con una pluviosidad muy baja –Murcia, Almería, País Valenciano–, o la presión urbanística en Cantabria –marismas de Santoña, Victoria y Joyel–, en zonas protegidas como Urdaibai en el País Vasco, las playas gallegas de Boiro y Rianxo, etc. También es incesante la presión urbanística que acosa a las Illes Balears (que intentó frenar el gobierno autonómico de coalición de izquierdas y ahora se recrudece), las Islas Canarias, Asturias o al litoral andaluz [2]. En zonas de Murcia o Balears se han descatalogado espacios protegidos litorales para acometer sin trabas su urbanización.

La urbanización del litoral va acompañada de la construcción de puertos, paseos marítimos, diques, playas artificiales, regeneración de playas, etc. que degradan los ecosistemas costeros. La introducción de estructuras en el litoral altera las corrientes marinas, lo que acelera la erosión y regresión de las playas y la colmatación de puertos, y destruye la vegetación del fondo, que a su vez sujetaba la arena. La extracción de arena para regenerar las playas dañadas disminuye la biodiversidad esquilmando aún más las praderas de Posidonia y acentuando el problema. La administración sigue con la política de parchear y evita buscar soluciones a largo plazo. El 90% del litoral se ve afectado por fenómenos de regresión –a lo que no es ajena la subida del nivel del mar provocada por el cambio climático–, siendo las playas el elemento más frágil.

La construcción de puertos se quiere justificar por un aumento del tráfico marítimo, si bien su incremento en 2002 fue de un 4,6% y las inversiones aumentaron en un 35%. Las instalaciones portuarias han aumentado un 507% entre 1996 y 2003, pero en seguridad marítima se han reducido las inversiones. Los puertos deportivos se convierten en reclamos para urbanizaciones de lujo anexas. El uso medio de los barcos amarrados en puertos deportivos es de 15 días al año; así pues, el litoral se sacrifica para construir aparcamientos de barcos.

La cantidad de puertos proyectados es enorme. Van a ser ampliados los de Ferrol, Gijón, Bilbao, Barcelona, Valencia, Motril, Ceuta, Algeciras, Cádiz, Huelva, Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria… El puerto de Ferrol cerrará el 60% de la ría, y es que el Gobierno del PP llegó a un acuerdo con el de EE UU para reparar en él buques de guerra; el puerto de Gijón, con un nuevo dique de 5 km, alterará totalmente la fisonomía de esta ciudad. En Cantabria los puertos deportivos son cada vez más: Castro Urdiales, Laredo, Suances, San Vicente de la Barquera, etc. A destacar el proyecto de construcción de un nuevo puerto industrial en Granadilla, Tenerife, que podría destruir 6 km de costa con un excelente estado de conservación. Afortunadamente en julio de 2004 se presentaron 60.000 firmas que avalaban una Iniciativa Legislativa Popular para decidir sobre este proyecto.

Además, nuestras costas se enfrenten a continuos vertidos, mención aparte del caso Prestige. Sigue vigente el problema de los emisarios submarinos y vertidos directos de aguas residuales (unos 60.000), aguas insuficientemente depuradas (Benidorm, Castellón, Gandía…) así como el de un buen número de puertos comerciales que no cuidan sus vertidos, encontrándose particularmente contaminados por metales pesados el golfo de Bizkaia, la ría de Arosa, la de Pontevedra, así como el litoral de Huelva, Cádiz o Tarragona.

La creciente demanda energética empuja más de una treintena de proyectos de nuevas centrales térmicas litorales (14 en Andalucía, 8 en Catalunya, 4 en Murcia, 4 en Euskadi, 3 en Asturias, 3 en el País Valenciano) que además de contribuir a la emisión de CO2, consumen suelo litoral, alteran la línea de costa, vierten agua de refrigeración caliente y con sustancias tóxicas, e incrementan el riesgo de vertidos.

Degradación ambiental y social

De lo dicho, el impacto ambiental más evidente es la destrucción y pérdida de nuestro paisaje litoral, pero ello va acompañado de alteraciones constantes de los ciclos biogenéticos que mantienen la vida en la costa, alterando drásticamente el ecosistema, disminuyendo la biodiversidad y la riqueza faunística y florística, alterando los sistemas hídricos y deteriorando los acuíferos, se modifica la dinámica marina y la estructura del suelo, se dispara el consumo de recursos naturales, territorio, agua, energía… Los problemas se acumulan e interrelacionan y el conjunto del sistema se desmorona [3].

Junto a estos dramáticos problemas ambientales subyace un entramado social artificializado, generado por este modelo turístico que disfraza la costa de parque temático. Problemas de trabajo precario, gestión de residuos, consumo energético, tráfico viario, educación en una sociedad desestructurada, confrontación cultural, saturación de servicios sanitarios, pérdida de identidad, etc.

La aplicación de las normativas conservacionistas se ha visto sometida a centenares de excepciones en el litoral, cediendo siempre ante los intereses especulativos. Desde su nacimiento en 1988 la Ley de Costas ha tenido una aplicación escasa y muy lenta. Sus objetivos no se han llevado a cabo, aún está pendiente aproximadamente el 40% del deslinde del dominio público marítimo terrestre (la zona que comprende desde el mar hasta donde llegaron las olas en el temporal más fuerte que se haya registrado), paso previo para regular las actividades en la zona. Para colmo, la modificación de 2002 de la Ley de Costas supuso un grave retroceso, dejando la puerta abierta a todo tipo de irregularidades en el dominio público, incluso a una privatización encubierta del litoral.

Cada vez es más urgente la protección real y no de catálogo de los espacios costeros, que en el Mediterráneo, por haberse sobrepasado con creces la capacidad de carga, debe pasar por un cese de las actuaciones humanas depredadoras y una estabilización a la baja del turismo de masas. Sobre todo, es necesaria en todo el litoral una moratoria urbanística que permita una gestión sostenible del entorno.

 

Notas

[1] ARRIBAS, C. “El litoral en peligro”. Ecologista nº 34.

[2] Parte de los datos de este artículo provienen de los informes “Destrucción a toda costa 2003” y 2004, de Greenpeace.

[3] PRATS, F. “Un nuevo modelo turístico en el litoral español”. Ecologista nº 37.

Artículo escrito por Pepa Gisbert.​ originalmente publicado en la web de Ecologistas en Acción, protegido por licencia CC BY 2.5 ES. Revista El Ecologista nº 41. 


 

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